¿QUÉ EDUCACIÓN QUEREMOS PARA LA ARGENTINA? PROYECTO DE LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

 

Defender la educación pública y la Educación Técnico Profesional es defender el desarrollo, la producción, el trabajo y el futuro de la Argentina.

El 16 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional presentó formalmente ante la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto denominado Ley de Libertad Educativa.

Luego de una lectura detenida del proyecto, surgen importantes preocupaciones respecto de cuál será el futuro de la educación argentina si esta iniciativa es aprobada.

A mi criterio, estos son algunos de los puntos que merecen mayor atención:

1. EL ESTADO MODIFICA SU RESPONSABILIDAD SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

El Estado deja de ocupar el lugar de principal responsable de garantizar el derecho a la educación y pasa a asumir un rol subsidiario, colocando la responsabilidad primaria en la familia.


2. MAYOR RESPONSABILIDAD EN LAS ESCUELAS

Bajo el argumento de otorgar una mayor autonomía pedagógica y curricular, se trasladan a las instituciones educativas responsabilidades que actualmente corresponden al Estado como garante del derecho a la educación.


3. MAYOR AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

Se amplía la autonomía de cada escuela para definir aspectos curriculares, organizativos, de personal, convivencia institucional y administración de recursos.

Esta autonomía debe analizarse cuidadosamente, especialmente cuando no está acompañada por garantías suficientes de financiamiento, igualdad de condiciones y responsabilidad estatal.


4. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ENSEÑAR Y APRENDER

El artículo 14 de la Constitución Nacional establece el derecho de todos los habitantes de la Nación a “enseñar y aprender”.

Este principio constituye una de las bases del sistema educativo argentino y comprende dos dimensiones fundamentales:

El derecho de aprender: garantiza el acceso a la educación sin discriminación y la posibilidad de elegir, dentro del marco legal, instituciones y propuestas educativas.

El derecho de enseñar: comprende la libertad de enseñanza y la posibilidad de que el Estado y los particulares creen y administren instituciones educativas conforme a las leyes vigentes.

Por eso, cualquier reforma educativa debe ser analizada a la luz de estas garantías constitucionales.


5. CONSEJO ESCOLAR DE PADRES

El proyecto crea el Consejo Escolar de Padres en las escuelas estatales, otorgándole funciones de asesoramiento, orientación, supervisión y rendición de cuentas.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es su eventual participación en procesos vinculados con la contratación y remoción de los equipos directivos y, a través de estos, del personal docente.

Esto implicaría una modificación significativa en las formas tradicionales de gobierno escolar y en los mecanismos de acceso y permanencia en los cargos docentes.


6. EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL

El proyecto considera a la educación como servicio esencial, una definición que puede tener consecuencias directas sobre el ejercicio del derecho de huelga y de protesta de los trabajadores de la educación.


7. FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

La derogación de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 modifica el marco vigente relacionado con el compromiso estatal de inversión educativa.

El financiamiento no es una cuestión secundaria: sin inversión pública suficiente resulta imposible garantizar una educación de calidad y con igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.


8. ¿QUÉ PASA CON LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL?

La Educación Técnico Profesional continúa regulada específicamente por la Ley N.º 26.058, pero no puede considerarse aislada de las modificaciones generales del sistema educativo.

·  Financiamiento

·  Autonomía institucional

·  Carrera docente

·  Evaluación

·  Gobierno escolar

·  Selección de personal

·  Organización y administración de las instituciones



Estos cambios podrían tener consecuencias directas o indirectas sobre las escuelas técnicas y agrarias.


LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA

Una transformación de esta magnitud requiere debate, participación y análisis profundo.

Está en discusión mucho más que una ley: está en discusión qué responsabilidad tendrá el Estado, qué escuela pública tendremos y qué educación queremos para las futuras generaciones.


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