El proyecto de Ley que el gobierno ha enviado al Congreso, se refiere a la educación en su capítulo 2. Podemos coincidir con la necesidad de evaluar constantemente al sistema educativo, enfatizar el conocimiento de la matemática y la lecto comprensión, las evaluaciones periódicas, etc. También señalamos nuestras profundas diferencias:
Empezamos por una propuesta “tribunera” como es el arancelamiento de estudios universitarios para extranjeros no residentes, un guiño para el electorado duro, porque sobre un total de 2.5 millones de estudiantes universitarios, solamente algunos miles pueden entrar en esa categoría, lo que resulta totalmente irrelevante en términos de costos.
No es aceptable la propuesta de habilitar estudios a distancia, híbridos, como alternativa a la educación presencial para niños y niñas del segundo ciclo de la educación primaria, que tienen ¡8 o 9 años de edad! Es una medida contraria a socialización, a la construcción de vínculos que acompañarán a los niños y niñas toda la vida, a la relación humana de cercanía con maestras y maestros y con pares. No está bien. Es una medida innecesaria, a menos que detrás asomen posibles negocios con plataformas digitales.
Es importante lo que se añade, pero quizá más importante es lo que se ha quitado al reformar las normas. Por ejemplo, se suprimió el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que prescribía que “el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.
Es evidente que se avanza con la intención de abandonar el paradigma de pensar la “educación como un bien personal y social garantizado por el Estado” y concebirla como un bien transable, de mercado, en línea con la intención del gobierno de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sostiene esa posición.
Si la educación se incorporara como un bien más en el mercado de negocios, abandonaríamos nuestra identidad nacional de fuerte educación pública, gratuita, para todos y todas, como fue pensada por Sarmiento y otros eminentes argentinos y argentinas; también profundizaríamos la desigualdad y la exclusión de los sectores más vulnerables a un servicio esencial, imprescindible para nuestra patria y para las personas que viven en ella.
ALBERTO SILEONI
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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